La académica Diana Aurenque Stephan es la nueva Directora de Filosofía
enero 8, 2021
Académicas D. Aurenque y V. Bulo participarán de II Coloquio Filosófico de Mujeres
mayo 28, 2021

Reflexiones sobre las bases de la institucionalidad, en el marco del Proceso Constituyente.

El académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad Alberto Hurtado, se refiere a la necesidad de contar con una base ética mínima en la redacción de la nueva Constitución, que finalmente, permita que sea representativa de los distintos poderes y fuerzas de nuestra sociedad.

Pensar la nueva Constitución, junto con la redacción técnica-jurídica de sus normas, implica una profunda definición conceptual, no elaborada exclusivamente a la luz del clamor popular, o bajo los intereses exclusivos del órgano constitucional, más bien implica una revisión intelectual profunda respecto de la raíz histórica de nuestra comunidad nacional y del impacto material de su hermenéutica legal sobre el sobre el ya escriturado universo normativo en ejercicio. Así, plantearnos inicialmente el problema de las bases de la institucionalidad, tiene un efecto sustancial en el marco declarativo que se espera de un documento fundacional como la Constitución Política.

Podemos establecer con ciertas claridades que el poder constituyente, que emana de la voluntad soberana de los ciudadanos, permita que los conceptos centrales por los que se deba entender el complejo entramado normativo tengan, a su vez, cierta transparencia conceptual que permita entender qué tipo de país, de economía, de familia, de gobierno, entre muchos otros, queremos.

La Constitución actual, en su capítulo I es rica en declaraciones valóricas y doctrinales respecto a las orientaciones que el ordenamiento jurídico requiere, por ende, fija también los principios que debe seguir el intérprete constitucional. Ahora bien, dicho flujo conceptual no es tarea de una declaración casual ni antojadiza, por el contrario, reviste un proceso reflexivo en que la capacidad de articular significados pueda permear históricamente los intereses colectivos de una comunidad.

Por lo anterior, Miguel Vilches para Diario Constitucional ha conversado con Martín de la Ravanal Gómez, Profesor de ética y filosofía social de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado, quién se ha especializado en las materias de la ética social, ciudadanía política y crisis sociales, participando en investigaciones y publicaciones en el área de las humanidades y las ciencias sociales.

Profesor de la Ravanal, el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental establece las bases de nuestro sistema político, declarando, entre otros, algunos de los valores tradicionales que han entrado en pugna con una nueva visión de la sociedad. En particular respecto al concepto de familia, ¿cómo comprende usted dicho concepto y cómo cree que debe cobrar vigencia ese concepto en relación con la redacción de una nueva Constitución?

El concepto de familia ha sido dejado a una interpretación dominante que es muy conservadora. Esta señala que existe un elemento sustantivo, fijo, inmutable, eterno y superior moralmente, condensado en una determinada idea de familia, que debe ser protegida por el estado. Yo sostengo que la familia es una realidad histórica, dinámica, plural y abierta a influencias. Si hay ciertas “funcionalidades” universales como la formación de la personalidad, la forja de capacidades afectivas y culturales básicas o la socialización elemental, su contenido varía con el conjunto de la sociedad y la historia. Es indudablemente una realidad normativa: en ella se fraguan normas, valores, actitudes e ideales a través de las relaciones que se dan entre generaciones y desde ahí se tejen vínculos hacia otras esferas e instituciones de la sociedad. En las familias encontramos también relaciones de poder que están relacionadas, de ida y vuelta, con lo que pasa fuera de ellas. Al mismo tiempo, desde el punto de vista ético, la familia es un espacio de encuentro, cuidado, acogida, dialogo y donación que resulta clave para la constitución del carácter de cada cual y su inserción en el mundo, aunque esta eticidad pueda tomar muchas formas.

De la crítica a las visiones tradicionalistas ha habido aprendizajes importantes. Las relaciones de cuidado, de crianza y trabajo doméstico están desigualmente repartidas entre hombres y mujeres, lo cual tiene efectos en las posibilidades de desarrollo de ambos géneros. Nuestra sociedad, obsesionada con el trabajo y la productividad, explota cada vez más el trabajo doméstico femenino no remunerado e incapacita excluyendo a los varones de las tareas de cuidado, crianza y contención afectiva. La colonización de los imperativos económicos del tiempo familiar ha tenido efectos de debilitamiento general de los vínculos. No tengo claro cómo se puede hacer, pero debería haber garantías constitucionales para que los círculos de cuidado (tomo la idea de mi compañera Dany Mihovilovic) puedan disponer de tiempos y recursos para las tareas de “reproducción social de la vida” y que esto se haga de forma igualitaria. Al pensarla como ámbito básico de reconocimiento, debemos fomentar en sus miembros las capacidades morales de cuidado y afectividad para que el desarrollo mutuo y reciproco sea posible. Esto significa, de partida, la lucha por erradicar la violencia intrafamiliar y repensar los roles de género y de autoridad asociadas a ella. De seguro alguno temerá que esto puede significar intervención totalitaria del estado en lo privado, yo lo pienso más bien como una rearticulación y actualización entre las esferas de la familia, el estado y la economía que va en directo beneficio de los más vulnerables de la sociedad.

La actual Constitución les otorga un valor fundamental a los grupos intermedios, ¿cómo visualiza usted el rol del Estado en una nueva Constitución, frente al rol de estos grupos?

Hay que señalar que la política social impulsada por la Dictadura Cívico Militar utilizó esa idea para desmontar las tareas redistributivas e impulsos democratizadores del estado. La sociedad civil se interpreta predominantemente en un sentido económico, como un mercado de actores motivados por el afán de lucro.  Con esto, el conjunto de actividades a cargo de los “cuerpos intermedios” quedaron sometidas a la lógica y tendencias de la sociedad de mercado: mercantilización, privatización, rentabilización, competencia y acumulación generalizadas. El problema es que dejar en manos del mercado áreas considerables de la provisión de salud, educación, acceso a recursos naturales básicos, previsión y seguridad social a la población, incide de forma dramática en el reparto social de las capacidades de las personas para poder ejercer sus libertades, desarrollar proyectos personales y gozar de derechos cívico – políticos básicos. Pese a las críticas que se le han hecho, creo que necesitamos más (y no menos) estado social y democrático de derechos. Desde un punto de vista social-republicano se requiere provisión estatal de bienes primarios garantizados como derechos sociales, porque de otra manera los efectos de la lotería social harán a unas y otros ciudadanas de primera, segunda y cuarta categoría. El retroceso de los estados de bienestar y las crisis económicas están revelando un conflicto cada vez más abierto entre los poseedores del capital, la minoría de asalariados millonarios e incluidos en el consumo, y las mayorías trabajadoras precarizadas y excluidas de toda protección social. Esto socava directamente las bases de legitimidad de la democracia liberal – representativa la que produce un debilitamiento crónico no sólo del estado sino de la economía y de la sociedad en su conjunto.  Frente a los problemas globales que enfrentamos, como el calentamiento global o las nuevas pandemias, requerimos coordinaciones a gran escala de esfuerzos privados, no gubernamentales e internacionales donde el rol del estado es fundamental. Esto produce el horror de neoliberales, neoconservadores y libertarios de derecha quienes dogmáticamente insisten en la mercado-cracia como solución a todo y acusan a toda alternativa de conducir a la pobreza y el autoritarismo colectivista. Tenemos espacio para pensar una “quinta vía” (como alguna vez sugirió Tomás Moulián) donde las enfermedades del burocratismo, corrupción e ineficiencia estatal puedan prevenirse mediante una robusta red cívica de organizaciones comunitarias de base que puedan no sólo proteger los intereses diferenciados de los territorios y comunidades de la nación frente a la voracidad de capitales privados, además de vigilar y llevar el accountability de las actuaciones del estado, sino, también, administrar bienes comunes y participar democráticamente en la asignación y distribución de bienes públicos cooperando con gobiernos locales organizados federativamente.

En este sentido, ¿cree usted que los privados deben seguir siendo los principales actores de la nueva Constitución o comprende una organización distinta, no solo por el rol del Estado, sino también de los particulares, pero no solo en una dimensión lucrativa?

Pienso que una Constitución debe basarse sobre un acuerdo político amplio que sea capaz de equilibrar los poderes y fuerzas existentes en la sociedad y reflejado en sus instituciones en vistas de unos principios de justicia y valores éticos mínimos compartidos. Dudo mucho que se pudiera dar un acuerdo que expulsara el mercado y o redujese a un mínimo el papel de los actores privados de la sociedad. Una sociedad completamente organizada sin estado o sin mercado, es, a lo sumo, nada más que un sueño ideológico. La propia historia del capitalismo y sus crisis ha mostrado las patologías de una sociedad centrada exclusivamente en la acumulación de ganancia: la destrucción de empleos y desposesión de las capas más pobres de la sociedad, la creación de funestas y obscenas desigualdades sociales, injusticias y abusos de poder cometidos por los grandes contra los débiles, alienación social creciente, devastación medio ambiental, deterioro de los poderes públicos por la injerencia del dinero, etc. Es de esperar que, junto a la autorregulación organizativa y ética de las empresas y mercados, se dé una presión por constituir “otra” forma de empresa, otro tipo de mercado, otro modo de la economía, de trabajo, de consumo y, porque no, de capitalismo. Sobran los escépticos de derechas e izquierdas respecto a estas posibilidades. Hay, como mínimo, que salir de la idea de que el único fin de una empresa es producir profits, sino que hay funciones ético – sociales de la empresa, que ésta tiene responsabilidades frente a las comunidades territoriales, a la ley y el estado, a sus trabajadoras y grupos familiares, frente a sus consumidores, etc. Hay que reconocer políticamente otras formas de propiedad, en particular la existencia de bienes comunes y reinstalar la idea de bienes naturales esenciales de propiedad colectiva; hay que fomentar otras figuras de organización industrial, empresarial, laboral y comercial como las distintas formas de cooperativismo, economía solidaria y economía circular que se están ensayando en espacios aún pequeños de la sociedad. No se puede dar esta discusión, pienso, sin integrar otra concepción de nuestra relación con la naturaleza, que ya no resiste los efectos de ser vista simplemente como una reserva gratuita e inagotable de recursos a explotar para un crecimiento y expansión económicos infinitos.

Finalmente, ¿cómo comprender el concepto de “bien común” ante una nueva redacción constitucional?

El concepto de bien común es una noción controvertida desde el punto de vista que, en sus formulaciones clásicas, tiene raigambres religiosas y metafísicas. No estoy seguro de que sea necesario mantenerla en la nueva redacción. Si me veo forzado a decir algo al respecto, es que no es una noción que pueda derivarse de una idea de “naturaleza humana” previamente fijada. Algo así ya no puede hacerse a menos que se imponga. Si una noción de bien común ha de incorporarse en un nuevo texto constitucional creo que esta ha de nacer de los contextos y la situación que engloba a una comunidad política. No se trata de un bien común de comunidades especificas sino de toda una comunidad política incluida bajo una misma constitución. El bien común a mi juicio tendría que ser, por un lado, el conjunto de condiciones materiales e institucionales básicas para que una comunidad política pueda asegurar cierta soberanía y desarrollo, y por otro, los objetivos  resultantes de los problemas comunes que enfrenta una sociedad, aquellos que afectan a las mayorías de ciudadanos y ciudadanas y que tienen la capacidad de incidir de forma dramática en el destino de los pueblos, como la relación con la naturaleza, las políticas científicas y tecnológicas, las directrices educativas, etc. No se me ocurre otra forma de darle contenido coherente y legítimo a ese “bien común” que mediante los recursos reflexivos y comunicativos de una sociedad democrática. Desde luego el bien común no podría ser sino un horizonte de proposiciones sobre la “vida buena” que fuese revisable por las comunidades a la luz de su propia trayectoria histórica.